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Los comuneros están defendiendo
a las empresas, ¿qué hace el gobierno?
Jorge Morelli
Es evidente el complot contra la inversión en minería y energía en el Perú. Los actos de violencia se producen simultáneamente en Huancabamba (Piura) y en Chumbivilcas (Cusco), y vienen amenazas de otros simultáneamente de Madre de Dios y de Amazonas.
En Huancabamba, el asesinato del ingeniero administrador y de dos trabajadores de instalaciones de la empresa china Rio Blanco (Zining Mining) -una inversión de 1,500 millones de dólares-, tomada por asalto con armas de fuego por veinte atacantes tendría como propósito, en lo inmediato, impedir la erradicación de cultivos de droga en la zona. En el Cusco, se trataría, en lo inmediato, de la defensa de los intereses de la minería informal. La minera Ares ha sido tomada hace dos semanas por gente que no es de la zona y contra quienes se pronuncian los comuneros del lugar, en defensa de la mina.
En Madre de Dios, supuestos dirigentes indígenas de la reserva Amarakaeri exigen que Hunt Oil paralice sus actividades de exploración y no de explotación, donde no puede haber contaminación. En Amazonas, la ONG Aidesep, que promovió los sucesos del 5 de junio, "da plazo" hasta el 12 de noviembre para que cese la "persecución" contra Pizango y otros líderes por los hechos que dejaron 34 muertos.
Al margen de la cambiante motivación inmediata –cultivos de droga, minería informal, contaminación ambiental o procesos judiciales-, acontecimientos de esta magnitud no ocurren al mismo tiempo en cuatro puntos del territorio de manera casual. Aquí hay una nivel de coordinación política.
Lo más importante, sin embargo, es que comuneros andinos y nativos amazónicos, peruanos todos, están en su inmensa mayoría en contra de este complot que financian desde el exterior organizaciones políticas radicales y empresas o economías competidoras, a quienes interesa sacar al Perú de la competencia en el mercado global.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
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NARCOTERRORISMO, ANTITERRORISMO, ONG, DERECHOS HUMANOS, ANTIMINERAS, REGLAS DEL USO DE LA FUERZA, FUERZAS ARMADAS, POLICIA, DELINCUENCIA
La República
En horas de la tarde de ayer se halló el cadáver del ingeniero Eduardo Ramírez Montero, administrador del campamento de la empresa Rio Blanco, en Piura.
El general Walter Rivera Alba, jefe de la Primera Dirección Territorial Policial de Piura, informó después de inspeccionar la zona atacada y recoger evidencias, que unas veinte personas ingresaron al campamento minero y tras disparar contra los catorce trabajadores que estaban en ese momento, procedieron a incendiar la instalación.
A dos días del atentado contra la minera Río Blanco en Piura, el gerente general, Jian Wu, descartó la intervención de campesinos en el ataque y deslizó la hipótesis de un acto terrorista para ahuyentar la inversión.
Rio Blanco emitió un comunicado en que manifiesta su compromiso de desarrollar sus actividades con respeto a las comunidades. Río Blanco ha sufrido el congelamiento de las cuentas de su matriz Monterrico Metals Plc. en el Reino Unido, donde se la procesa por la muerte de un comunero y la supuesta tortura de otras 31 personas.
Expreso
La defensa de cultivos de amapola financiados por el narcotráfico es la causa de la violencia contra la minera Río Blanco, denunciaron el presidente de Confiep, el ex presidente de la Sociedad de Minería Ricardo Briceño, y el presidente de la Región Piura, César Trelles.
Coincidieron en que a esta presión se suman sacerdotes de la región y activistas de ONG que buscan expulsar a los empresarios chinos. US$ 1,440 millones prevé invertir la empresa china Zijin Mining en Río Blanco.
Briceño aseveró que en el lugar existen sembríos de amapola, que serían erradicados. "Intentan ahuyentar la cartera de inversiones mineras, que supera los US$ 24 mil millones en el país actualmente", dijo. "Los antimineros hacen que la gente vea esta actividad como a un enemigo", acotó.
Trelles dijo que es una acción confabulada en que participan ONG y el alcalde del distrito de Zapalache. Agregó, no obstante, que el viernes se realizó en la zona una mesa de conciliación con participación de la empresa y la población, que se mostró de acuerdo con el proyecto.
EXPRESO advirtió en su momento que detrás de estos ataques y movilizaciones estarían facciones radicales que pretenden desestabilizar el país.
RPP
El gerente de la empresa minera Ares, en Chumbivilcas, Cusco, Ernesto Balarezo, afirmó estar a la espera de que el Poder Judicial emita la orden de desalojar a 600 invasores. Manifestó que desde el 19 de octubre la empresa ha sido invadida por gente foránea a las comunidades de la región.
Los invasores serían de Santo Tomás (Chumbivilcas) y de la costa, y tratan de hacer minería informal, señaló.
Manifestó que la gerencia de la empresa y otros 45 empleados fueron obligados a salir del campamento por los invasores, quienes se niegan a desalojar la zona.
El terreno superficial fue dado en servidumbre a la empresa por los pobladores, con quienes trabajan desde hace diez años. Balarezo afirmó que los comuneros están contra los invasores.
La Razón
Pobladores de Chumbivilcas, Cusco, continúan la medida de fuerza contra la empresa Ares y no abandonarían el campamento minero Azúcar hasta que el gobierno atienda sus pedidos. Acordaron seguir ocupando el centro minero, que tomaron hace 13 días. La incursión desalojó a 50 personas que operaban el campamento.
Piden que la empresa Ares se retire de la zona. La empresa informa que no puede haber contaminación, porque el proyecto está en fase de exploración. Los manifestantes presionan para ejercer minería informal, según Ares.
La Razón
En Madre de Dios, indígenas de la reserva Amarakaeri exigen que la compañía minera Hunt Oil paralice sus actividades antes de continuar el diálogo, días después de que un dirigente anunciara el desalojo de Hunt Oil de su territorio por supuestos incumplimientos y violar derechos fundamentales indígenas.
El bloque 76, en que también realiza faenas de exploración la española Repsol-YPF, abarca una superficie de 3,5 millones de acres y aún está en la etapa de estudios sísmicos.
La Razón
Dos ONG fijaron un plazo de 20 días, que concluye el 12 de noviembre, para que cese la "persecución" contra sus líderes por las protestas de junio.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Organización Regional de los Pueblos de la Amazonía Norte (Orpian) acusan que las mesas de trabajo "no avanzan al ritmo necesario", según el portavoz de Aidesep Edson Rosales.
El secretario general de Aidesep, Saúl Puerta, afirmó que convocarán a una marcha de los cinco suyos, en alusión a la división política de los incas y los pueblos de la selva.
Aidesep promovió la protesta amazónica que alcanzó su clímax el 5 de junio, cuando atacaron a las fuerzas del orden, cobrando la vida de 25 policías. Después de los sucesos del 5 de junio en la Amazonía, que se saldaron con 34 muertos, el Poder Judicial abrió procesos penales contra los dirigentes de Aidesep y Orpian.
RPP
El obispo de Cajamarca, monseñor José Martínez, afirmó que "es inminente" la suspensión del sacerdote Marco Arana de la Iglesia Católica.
"Si quiere ingresar a la política, por respeto, debería dejar el ejercicio sacerdotal... he hablado del tema con él varias veces", subrayó.
La República
Columna de Mirko Lauer
El ex canciller mexicano Jorge Castañeda y Rubén Aguilar acaban de lanzar El narco: la guerra fallida, un libro que predica el fracaso de la estrategia del presidente Felipe Calderón contra los carteles de la droga. En realidad el libro va más allá: la guerra era innecesaria, y fue lanzada solo para legitimar unos comicios cuestionados.
La estrategia alternativa que los autores proponen incluye "reducir los efectos colaterales de la lucha contra el narcotráfico, crear una policía nacional y abrir el debate sobre despenalización de las drogas". Esto contradice la imagen que existe sobre los carteles como una corporación con capacidad de jaquear al Estado mexicano en cualquier momento.
En el fondo la propuesta de Castañeda-Aguilar es desmantelar la Iniciativa Mérida, un acuerdo de EEUU, México y Centroamérica para la militarización de la lucha anti-drogas, en la línea del Plan Colombia. Con tres años de una guerra en las calles sin visos de concluir, empiezan a haber oídos atentos a esto en la sociedad mexicana.
Vista desde una perspectiva peruana, la encrucijada es conocida, si bien en México se da a mucha mayor escala: la lucha frontal contra los narcotraficantes equivale a tirarle piedras a un avispero, mientras que cualquier otra estrategia ayuda a mantener algo de calma social. Con lo cual los peores problemas son empujados hacia delante.
Como el Perú está en una guerra militar-policial contra sus propios narcotraficantes, el tema indudablemente nos interesa. Aquí ya hemos vivido treguas tácitas con el narcotráfico, y en efecto eso ha producido periodos de relativa tranquilidad. Pero eso no ha alejado el problema del narcotráfico, al contrario.
Denise Maerker ha sintetizado la posición de los dos autores como que proponen no ir contra el tráfico mismo sino contra los efectos colaterales dañinos que este provoca: asesinatos, inseguridad, corrupción. Debemos recordar que en México el asunto no se desarrolla en zonas alejadas, como aquí, sino en espacios centrales.
¿Es posible realmente para el gobierno de Calderón ir a la tregua con el narcotráfico implícita en la propuesta de los dos autores? A estas alturas probablemente no. Pero el debate lanzado, que indudablemente también tiene un lado electoral, tampoco va a desaparecer, sobre todo si no se producen algunas victorias demostrables.
Sin duda la muerte de Pablo Escobar y la prisión de los cabecillas de los principales carteles no terminaron con el negocio de la droga. Pero fue un punto de inflexión del que resultó un viraje importante. Los avances del presidente Álvaro Uribe no se pueden explicar fuera del contexto de aquella costosa confrontación.
POLITICA EXTERIOR, PERU, CHILE, COLOMBIA, BOLIVIA, ECUADOR, VENEZUELA, ARGENTINA, BRASIL, EEUU, EUROPA, ASIA, RELACIONES INTERNACIONALES INTEGRACION, DESINTEGRACION, GLOBALIZACION, ANTIGLOBALIZACION
EFE, RPP
Los dos principales pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela han sido cerrados indefinidamente por las autoridades venezolanas tras el asesinato de dos militares de ese país cerca de la frontera, informaron medios de prensa.
De acuerdo con el testimonio de habitantes de la frontera consultados por radio Caracol y el diario El Tiempo, los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander están cerrados desde el lunes por la noche y rige un toque de queda en el lado venezolano de la frontera.
En Cúcuta, cientos de lugareños han tenido que atravesar la línea fronteriza por una trocha que habilitaron hace varios años algunos contrabandistas para ingresar gasolina a Colombia y atravesar las aguas del río Táchira que hace de límite bilateral.
"La frontera está cerrada y no sabemos por qué. La Guardia de Venezuela no está dejando pasar por el puente", señaló a esos medios Ercilia Sánchez, una habitante de Cúcuta.
La medida siguió al asesinato ayer de dos miembros de la Guardia de Venezuela cerca de la frontera con Colombia. El atentado, perpetrado por pistoleros a bordo de una motocicleta, se produjo en un puesto de control móvil situado en El Palotal, cerca de la localidad de Ureña.
Las relaciones entre ambos países, desde hace casi dos años tensas, empeoraron a partir del 11 de octubre, cuando fueron secuestrados diez jóvenes colombianos, un peruano y un venezolano que jugaban como aficionados al fútbol en la localidad fronteriza venezolana de Fernández Feo.
La República
Unas 769 minas antipersonales han sido eliminadas de la frontera peruano-ecuatoriana en cumplimiento de los acuerdos de Paz de 1998.
La información fue entregada por representantes de la cooperación internacional, de la embajada del Ecuador en el Perú y de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores de ese país, tras una inspección en la frontera.
Quedan por retirar 513 de las 1,300 minas antipersonales colocadas en la frontera.
Compañías de desminado del Arma de Ingeniería del Ejército del Perú continúan con la búsqueda y destrucción del resto de minas sembradas, consideradas material de guerra perdido debido a las constantes lluvias que caen en la zona, lo que origina que el terreno se haga fangoso.
La República
La propuesta peruana se concretó en un Protocolo para la Paz, entregado por la ministra de la Producción, Mercedes Aráoz, a la presidenta argentina Cristina Fernández y tienen el respaldo de ese país, adelantó la funcionaria peruana.
En Chile, el canciller, Mariano Fernández, calificó de "muy positivo" el cambio del gobierno peruano de una propuesta de no agresión a la de un protocolo de paz y cooperación. El gobierno chileno había rechazado inicialmente la propuesta peruana por considerar que utilizaba un lenguaje bélico. Aráoz explicó que se buscan "los términos que puedan ser más adecuados".
Explicó, no obstante, que el objetivo es el que planteó el presidente García: reducir los gastos en armamento. La propuesta peruana consiste en reducir en 3% el monto anual de los gastos militares y un 15% el gasto en nuevas armas durante el próximo quinquenio.
La ministra Aráoz comentó que la presidenta argentina expresó su respaldo a la propuesta peruana. Aráoz planea estar en Santiago el 18 o 19 de noviembre.
ECONOMIA GLOBAL, POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA, FISCAL, LABORAL, PRIVATIZACIONES, REESTATIZACIONES, SUBSIDIOS
Lima, nov. 03 (ANDINA).- La Bolsa de Valores de Lima (BVL) espera que el dólar retome su tendencia a la depreciación de días pasados para iniciar una recuperación.
La evolución de la divisa estadounidense en los próximos días será importante para los mercados, señaló el banco Scotiabank. "Tanto los metales como las acciones podrían subir si el dólar nuevamente se deprecia", precisó el banco en su Reporte Semanal, suscrito por el Departamento de Estudios Económicos.
Mencionó que los inversionistas se mantendrán atentos a la publicación de los indicadores económicos de Estados Unidos.
