MEDIA COLUMNA
Pide perdón para
poder perdonarte
Jorge Morelli
En editorial de antología, El Comercio responsabiliza al fujimorismo, fuera del poder desde hace nueve años, de la interceptación telefónica que "continúa en estos días..." y también del transfuguismo que, "como en el caso anterior..., sigue practicándose".
Increíblemente, sostiene también que en este último proceso que concluye imprevistamente de manera anticipada "...existen contundentes pruebas y documentación que no se van a poder obrar ahora". Dice "que a los ojos de la ley y de la opinión pública no se podrán desentrañar las responsabilidades...". Desde luego, la falsedad de esa aseveración es clamorosa. Las supuestas pruebas están todas actuadas en el proceso, y las presuntas responsabilidades se hallan establecidas por la Sala a su antojo en una sentencia que nuevamente echa mano de la teoría de la "autoría mediata" para admitir como hecho probado un dicho sin ninguna prueba.
Pero El Comercio no está satisfecho. Sostiene que "...se han completado los procesos judiciales autorizados por el proceso de extradición", pero "los procesos a personajes como este no se agotan en la formalidad..." del juicio, sino en el terreno político. Denuncia la "burda estrategia de encubrimiento y ocultamiento detrás de la aceptación literal de las acusaciones" con el "ánimo deliberado de favorecer la posible candidatura presidencial de Keiko Fujimori".
Por lo visto, El Comercio quería que las acusaciones sin prueba se repitieran incesantemente durante año y medio hasta las próximas elecciones –tal como anunciara el fiscal Peláez- para lavarle el cerebro a la ciudadanía y manipular el debate político. Como eso ya no va a suceder, sin embargo, y como el fujimorismo tiene todos visos de poder ganar, con guante blanco sobre mano negra señala condescendiente el editorial que esa candidatura no debería verse afectada por todo lo anterior, concluye recomendando no hacer del indulto al ex presidente una plataforma electoral y sugiere al fujimorismo pedir perdón.
Tal parece ahora que El Comercio quisiera que el fujimorismo pida perdón para poder perdonarlo de inmediato.
Pide perdón para
poder perdonarte
Jorge Morelli
En editorial de antología, El Comercio responsabiliza al fujimorismo, fuera del poder desde hace nueve años, de la interceptación telefónica que "continúa en estos días..." y también del transfuguismo que, "como en el caso anterior..., sigue practicándose".
Increíblemente, sostiene también que en este último proceso que concluye imprevistamente de manera anticipada "...existen contundentes pruebas y documentación que no se van a poder obrar ahora". Dice "que a los ojos de la ley y de la opinión pública no se podrán desentrañar las responsabilidades...". Desde luego, la falsedad de esa aseveración es clamorosa. Las supuestas pruebas están todas actuadas en el proceso, y las presuntas responsabilidades se hallan establecidas por la Sala a su antojo en una sentencia que nuevamente echa mano de la teoría de la "autoría mediata" para admitir como hecho probado un dicho sin ninguna prueba.
Pero El Comercio no está satisfecho. Sostiene que "...se han completado los procesos judiciales autorizados por el proceso de extradición", pero "los procesos a personajes como este no se agotan en la formalidad..." del juicio, sino en el terreno político. Denuncia la "burda estrategia de encubrimiento y ocultamiento detrás de la aceptación literal de las acusaciones" con el "ánimo deliberado de favorecer la posible candidatura presidencial de Keiko Fujimori".
Por lo visto, El Comercio quería que las acusaciones sin prueba se repitieran incesantemente durante año y medio hasta las próximas elecciones –tal como anunciara el fiscal Peláez- para lavarle el cerebro a la ciudadanía y manipular el debate político. Como eso ya no va a suceder, sin embargo, y como el fujimorismo tiene todos visos de poder ganar, con guante blanco sobre mano negra señala condescendiente el editorial que esa candidatura no debería verse afectada por todo lo anterior, concluye recomendando no hacer del indulto al ex presidente una plataforma electoral y sugiere al fujimorismo pedir perdón.
Tal parece ahora que El Comercio quisiera que el fujimorismo pida perdón para poder perdonarlo de inmediato.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas temáticamente por GPF Prensa. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
PERSECUCION, CORRUPCION, ANTICORRUPCION
ESTA NOCHE (tomado de RPP)
El ex presidente Alberto Fujimori fue condenado a 6 años. La Sala Penal Especial rebajó de 8 a 6 años la pena.
El ex presidente interpuso recurso de nulidad contra la condena. De esta manera, expresó su disconformidad con la sentencia luego de acogerse a terminación anticipada.
ESTA NOCHE (tomado de RPP)
El ex presidente Alberto Fujimori fue condenado a 6 años. La Sala Penal Especial rebajó de 8 a 6 años la pena.
El ex presidente interpuso recurso de nulidad contra la condena. De esta manera, expresó su disconformidad con la sentencia luego de acogerse a terminación anticipada.
El Comercio
Editorial
Con la aceptación de culpabilidad en los casos de "chuponeo" telefónico, transfuguismo y compra de un canal de cable, por parte del ex presidente Alberto Fujimori, se han completado los procesos judiciales autorizados por el previo y arduo proceso de extradición, luego de que fugase del país.
Sin embargo, los procesos a personajes como este no se agotan en la formalidad, sobre todo si se considera la burda estrategia de encubrimiento y ocultamiento detrás de la aceptación literal de las acusaciones por parte de la defensa. Ello, efectivamente, revela no solo un ánimo deliberado de favorecer la posible candidatura presidencial de Keiko Fujimori, sino también la pretensión de impedir que la ciudadanía conozca la cadena y los grados de criminalidad y corrupción que caracterizaron al gobierno fujimorista en la década del 90.
Son decenas las víctimas y existen contundentes pruebas y documentación que no se van a poder obrar ahora, para demostrar la política intrusiva e intolerante del régimen y del ex jefe del Estado al propiciar este terrible delito contra los derechos a la privacidad y la intimidad de las comunicaciones.
Esto es muy grave, pues a los ojos de la ley y de la opinión pública no se podrán desentrañar las responsabilidades individuales de los personajes vinculados a tal esquema delictivo. Peor aun, si sabemos que esa semilla criminal, sembrada durante el fujimorato, continúa en estos días con nefastas consecuencias.
El transfuguismo, ese acto venal de comprar conciencias y voluntades con dinero del Estado llevó, indudablemente, a la erosión del sistema político y a la quiebra de la institucionalidad democrática, de lo cual el país tampoco logra aún reponerse.
Y, como en el caso anterior, esa práctica, que no ha sido tipificada hasta hoy y sigue practicándose de modo perverso, llevó al envilecimiento de la actividad congresal y acentuó su divorcio con la ciudadanía.
La acusación fiscal es también contundente respecto de la utilización de recursos estatales para forzar la adquisición de un canal de cable, con la pretensión de empezar a controlar primero un medio de comunicación y luego al resto. Fue el inicio de una cadena infame de compra de líneas editoriales que devino en videos escandalosos y ha afectado duramente a toda la prensa peruana, al atacar de modo artero su credibilidad.
(...)
Hoy, pues, no se trata de ensañarse con un personaje ni de juzgar hechos aislados, sino de remarcar lo nefasto de un legado que ha envilecido la política del país. Peor aun, aceptada formalmente la culpa por parte de la defensa de Fujimori en estos alevosos delitos, resulta incongruente y enervante que hasta ahora el ex presidente no haya deslindado tajantemente con su asesor Montesinos y que tampoco haya pedido perdón al país y a los ciudadanos.
Una de las grandes lecciones que nos deja todo esto es que el fin no justifica los medios, lo que cobra indudable actualidad en la inminente campaña política que involucra a Keiko Fujimori.
Al respecto, si bien lo que hizo el padre no debe afectar a su hija en una posible candidatura, queda como deuda pendiente el deslinde de responsabilidades ante un régimen que incurrió en graves e inocultables delitos, abusos y excesos contra derechos humanos.
Y si la candidatura actual es realmente democrática, pues tiene que aceptar no solo los activos sino también los pasivos del movimiento, así como presentar una propuesta de gobierno seria y coherente, orientada al interés nacional y no a hacer de un eventual indulto a su padre una plataforma proselitista.
Ello implicaría una afectación más de la institucionalidad democrática y del equilibrio de poderes, a más de incentivar la división entre peruanos, lo que tendría que ser denunciado y juzgado severamente por la ciudadanía.
Editorial
Con la aceptación de culpabilidad en los casos de "chuponeo" telefónico, transfuguismo y compra de un canal de cable, por parte del ex presidente Alberto Fujimori, se han completado los procesos judiciales autorizados por el previo y arduo proceso de extradición, luego de que fugase del país.
Sin embargo, los procesos a personajes como este no se agotan en la formalidad, sobre todo si se considera la burda estrategia de encubrimiento y ocultamiento detrás de la aceptación literal de las acusaciones por parte de la defensa. Ello, efectivamente, revela no solo un ánimo deliberado de favorecer la posible candidatura presidencial de Keiko Fujimori, sino también la pretensión de impedir que la ciudadanía conozca la cadena y los grados de criminalidad y corrupción que caracterizaron al gobierno fujimorista en la década del 90.
Son decenas las víctimas y existen contundentes pruebas y documentación que no se van a poder obrar ahora, para demostrar la política intrusiva e intolerante del régimen y del ex jefe del Estado al propiciar este terrible delito contra los derechos a la privacidad y la intimidad de las comunicaciones.
Esto es muy grave, pues a los ojos de la ley y de la opinión pública no se podrán desentrañar las responsabilidades individuales de los personajes vinculados a tal esquema delictivo. Peor aun, si sabemos que esa semilla criminal, sembrada durante el fujimorato, continúa en estos días con nefastas consecuencias.
El transfuguismo, ese acto venal de comprar conciencias y voluntades con dinero del Estado llevó, indudablemente, a la erosión del sistema político y a la quiebra de la institucionalidad democrática, de lo cual el país tampoco logra aún reponerse.
Y, como en el caso anterior, esa práctica, que no ha sido tipificada hasta hoy y sigue practicándose de modo perverso, llevó al envilecimiento de la actividad congresal y acentuó su divorcio con la ciudadanía.
La acusación fiscal es también contundente respecto de la utilización de recursos estatales para forzar la adquisición de un canal de cable, con la pretensión de empezar a controlar primero un medio de comunicación y luego al resto. Fue el inicio de una cadena infame de compra de líneas editoriales que devino en videos escandalosos y ha afectado duramente a toda la prensa peruana, al atacar de modo artero su credibilidad.
(...)
Hoy, pues, no se trata de ensañarse con un personaje ni de juzgar hechos aislados, sino de remarcar lo nefasto de un legado que ha envilecido la política del país. Peor aun, aceptada formalmente la culpa por parte de la defensa de Fujimori en estos alevosos delitos, resulta incongruente y enervante que hasta ahora el ex presidente no haya deslindado tajantemente con su asesor Montesinos y que tampoco haya pedido perdón al país y a los ciudadanos.
Una de las grandes lecciones que nos deja todo esto es que el fin no justifica los medios, lo que cobra indudable actualidad en la inminente campaña política que involucra a Keiko Fujimori.
Al respecto, si bien lo que hizo el padre no debe afectar a su hija en una posible candidatura, queda como deuda pendiente el deslinde de responsabilidades ante un régimen que incurrió en graves e inocultables delitos, abusos y excesos contra derechos humanos.
Y si la candidatura actual es realmente democrática, pues tiene que aceptar no solo los activos sino también los pasivos del movimiento, así como presentar una propuesta de gobierno seria y coherente, orientada al interés nacional y no a hacer de un eventual indulto a su padre una plataforma proselitista.
Ello implicaría una afectación más de la institucionalidad democrática y del equilibrio de poderes, a más de incentivar la división entre peruanos, lo que tendría que ser denunciado y juzgado severamente por la ciudadanía.
NARCOTERRORISMO, ANTITERRORISMO, ONG, DERECHOS HUMANOS, ANTIMINERAS, REGLAS DEL USO DE LA FUERZA, FUERZAS ARMADAS, POLICIA, DELINCUENCIA
Correo
Roxana Huigua, viuda del capitán PNP Giuliano Villarreal, y Flor Vásquez, viuda del coronel PNP Miguel Antonio Montenegro Castillo, tienen mucho en común: ambas perdieron a sus esposos en los lamentables sucesos de Casapalca y Bagua, respectivamente.
Pero hay más. Las dos coinciden en que fueron víctimas de la indolencia de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se jactan de defender los derechos humanos.
Huigua perdió a su esposo en noviembre del 2008, cuando una piedra lanzada por un manifestante le cayó en la sien matándolo instantáneamente. Ella se encontraba con siete meses de gestación de su segundo hijo cuando conoció la fatal noticia. Sin embargo, y pese a su avanzado estado de gravidez, ni una sola ONG se acercó a su domicilio para ofrecerle ayuda legal. La joven viuda reveló indignada que la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) asumió la defensa del secretario general de los trabajadores mineros de Casapalca, Pedro Condori, denunciado por el delito de homicidio culposo de su esposo.
"Me da mucha indignación. Aprodeh está velando por los intereses de Pedro Condori, un hombre violento. Él ha azuzado a la gente para que haga ese tipo de manifestaciones, pero lo defienden, y todo parece indicar que no tendría pena de cárcel", expresó.
Reveló que luego de casi un año de la muerte de su esposo, no hay ninguna organización que quiera representarla legalmente.
Un claro ejemplo de ello son las declaraciones que ofreciera el abogado de Aprodeh Wilfredo Ardito al noticiero A Primera Hora de Frecuencia Latina. "Que los policías corran", dijo.
A su turno, Flor Vásquez, viuda del coronel PNP Miguel Montenegro, degollado por los nativos en la Estación N°6 el último 5 de junio, reveló que el Instituto de Defensa Legal (IDL) renunció a continuar con su asesoría legal. Explicó que el motivo que esgrimió la ONG fue la elevada carga laboral que enfrenta.
El jurista Enrique Ghersi confirmó que los manifestantes que vienen siendo procesados por el delito de homicidio culposo no serían condenados con pena de cárcel efectiva. Explicó que la figura del homicidio culposo contempla una tipificación que establece sanciones leves, pues considera que la muerte se produjo por accidente. Ghersi propuso que el Congreso modifique el Código Procesal en el extremo del delito de homicidio culposo con el fin de que las penas bajo este delito sean de cárcel efectiva.
Roxana Huigua, viuda del capitán PNP Giuliano Villarreal, y Flor Vásquez, viuda del coronel PNP Miguel Antonio Montenegro Castillo, tienen mucho en común: ambas perdieron a sus esposos en los lamentables sucesos de Casapalca y Bagua, respectivamente.
Pero hay más. Las dos coinciden en que fueron víctimas de la indolencia de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se jactan de defender los derechos humanos.
Huigua perdió a su esposo en noviembre del 2008, cuando una piedra lanzada por un manifestante le cayó en la sien matándolo instantáneamente. Ella se encontraba con siete meses de gestación de su segundo hijo cuando conoció la fatal noticia. Sin embargo, y pese a su avanzado estado de gravidez, ni una sola ONG se acercó a su domicilio para ofrecerle ayuda legal. La joven viuda reveló indignada que la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) asumió la defensa del secretario general de los trabajadores mineros de Casapalca, Pedro Condori, denunciado por el delito de homicidio culposo de su esposo.
"Me da mucha indignación. Aprodeh está velando por los intereses de Pedro Condori, un hombre violento. Él ha azuzado a la gente para que haga ese tipo de manifestaciones, pero lo defienden, y todo parece indicar que no tendría pena de cárcel", expresó.
Reveló que luego de casi un año de la muerte de su esposo, no hay ninguna organización que quiera representarla legalmente.
Un claro ejemplo de ello son las declaraciones que ofreciera el abogado de Aprodeh Wilfredo Ardito al noticiero A Primera Hora de Frecuencia Latina. "Que los policías corran", dijo.
A su turno, Flor Vásquez, viuda del coronel PNP Miguel Montenegro, degollado por los nativos en la Estación N°6 el último 5 de junio, reveló que el Instituto de Defensa Legal (IDL) renunció a continuar con su asesoría legal. Explicó que el motivo que esgrimió la ONG fue la elevada carga laboral que enfrenta.
El jurista Enrique Ghersi confirmó que los manifestantes que vienen siendo procesados por el delito de homicidio culposo no serían condenados con pena de cárcel efectiva. Explicó que la figura del homicidio culposo contempla una tipificación que establece sanciones leves, pues considera que la muerte se produjo por accidente. Ghersi propuso que el Congreso modifique el Código Procesal en el extremo del delito de homicidio culposo con el fin de que las penas bajo este delito sean de cárcel efectiva.
Correo
Columna de Aldo Mariátegui
Ayer por la mañana escuché una de las respuestas más indignantes, irresponsables e idiotas que mis ya curtidos oídos hayan escuchado. Resulta que estábamos por entrevistar a la señora Roxana Huigua, la joven viuda del oficial que falleció en unos pasados disturbios en Casapalca, donde unos cobardes salvajes lo mataron al tirar unas piedras inmensas desde los cerros para bloquear la Carretera Central. La pobre señora nos contaba que había quedado desamparada con dos pequeños (uno póstumo) y que lo único que exigía era justicia, que se procese a los dirigentes que habían azuzado esas bestiales acciones. También nos comentaba que la ONG Aprodeh, aquella tan marxistoide que envió esa benévola carta sobre el MRTA al Parlamento Europeo y que siempre es tan implacable contra nuestros uniformados, estaba asesorando a quienes habían desatado estos actos, y deploraba que nunca se fijen en las víctimas pertenecientes a las fuerzas del orden.
En ese momento nos avisaron que se iba a pasar un informe previo. Se ve una piedra inmensa que es lanzada de un cerro y la reportera le pregunta a Wilfredo Ardito de Aprodeh -aquel que siempre busca erigirse en la "conciencia racial nacional" pontificando, armando plantones y marchitas- "(Si) tiras una piedra de esa magnitud, ¿qué esperas?". Este responde: "Que los policías corran".
(...)
¡Increíble! Como bien comentó la irritada y muy bien articulada viuda a continuación, el tema no es que los policías tengan "que correr", pues el bloqueo de carreteras es un delito y esa piedra pudo matar a cualquiera, como le pasó a su esposo en cumplimiento de su deber.
(...)
Como bien remarcó la afectada, "la intención no era sólo el bloqueo sino herir a alguien"... evidentemente existe dolo si se tiran esas tremendas rocas desde las alturas a las seis de la mañana, ya con luz.
(...)
La señora recordó a los policías caídos en circunstancias similares y a los mártires de Bagua, y amargamente comentó que a su esposo y a cualquier policía les hubieran dado de baja y judicializado si hubieran hecho uso de sus armas de fuego.
(...)
Columna de Aldo Mariátegui
Ayer por la mañana escuché una de las respuestas más indignantes, irresponsables e idiotas que mis ya curtidos oídos hayan escuchado. Resulta que estábamos por entrevistar a la señora Roxana Huigua, la joven viuda del oficial que falleció en unos pasados disturbios en Casapalca, donde unos cobardes salvajes lo mataron al tirar unas piedras inmensas desde los cerros para bloquear la Carretera Central. La pobre señora nos contaba que había quedado desamparada con dos pequeños (uno póstumo) y que lo único que exigía era justicia, que se procese a los dirigentes que habían azuzado esas bestiales acciones. También nos comentaba que la ONG Aprodeh, aquella tan marxistoide que envió esa benévola carta sobre el MRTA al Parlamento Europeo y que siempre es tan implacable contra nuestros uniformados, estaba asesorando a quienes habían desatado estos actos, y deploraba que nunca se fijen en las víctimas pertenecientes a las fuerzas del orden.
En ese momento nos avisaron que se iba a pasar un informe previo. Se ve una piedra inmensa que es lanzada de un cerro y la reportera le pregunta a Wilfredo Ardito de Aprodeh -aquel que siempre busca erigirse en la "conciencia racial nacional" pontificando, armando plantones y marchitas- "(Si) tiras una piedra de esa magnitud, ¿qué esperas?". Este responde: "Que los policías corran".
(...)
¡Increíble! Como bien comentó la irritada y muy bien articulada viuda a continuación, el tema no es que los policías tengan "que correr", pues el bloqueo de carreteras es un delito y esa piedra pudo matar a cualquiera, como le pasó a su esposo en cumplimiento de su deber.
(...)
Como bien remarcó la afectada, "la intención no era sólo el bloqueo sino herir a alguien"... evidentemente existe dolo si se tiran esas tremendas rocas desde las alturas a las seis de la mañana, ya con luz.
(...)
La señora recordó a los policías caídos en circunstancias similares y a los mártires de Bagua, y amargamente comentó que a su esposo y a cualquier policía les hubieran dado de baja y judicializado si hubieran hecho uso de sus armas de fuego.
(...)
ESTA NOCHE (tomado de Expreso)
El fiscal Ramiro González inició la investigación de la denuncia de que ONG caviares se asociaron para señalar el rumbo que debía seguir la CVR en el Perú, así como para conocer si el número de 69 mil víctimas en el Perú es el verdadero.
Recogió la manifestación del ex presidente de la Comisión de Defensa, Édgar Núñez.
Gonzáles Rodriguez profundiza datos sobre el presupuesto de la CVR y a qué se debió que la CVR diera su primera conferencia en Estados Unidos (EE UU) antes que en el Perú, entre otros datos.
Según Núñes, habría "falsedad genérica porque no hay una acreditación sistematizada de nombres de los que han muerto y desaparecido, sino una cifra proyectada matemáticamente, y el segundo delito sería asociación ilícita para delinquir porque desde un principio se manejó las cosas de manera irregular. En el 2001 se pagaba 600 dólares a un conserje", comentó.
Continuó señalando que hubo una organización para mentir y delinquir porque desde el 2001 la CVR pagó sueldos extraordinarios, financió muy bien las conferencias internacionales, tuvo escenarios de conferencias internacionales que no se realizaron en el país. "¿Qué objetivo tuvo mentirle al Perú? Simplemente tuvo fines de lucro", afirmó. "El Estado entregó unos 40 millones de soles para que sean administrados por la CVR a los que se sumaron partidas internacionales de 40 millones de dólares", precisó.
Cuando el fiscal le preguntó en qué momento la CVR tuvo un esquema que se orientaba a obedecer a algunas ONGs, contestó que estos organismos caviares hicieron la "plantilla del trabajo" a través de la cual subcontrataron los servicios de la ONG Aprodeh, de Francisco Soberón, para que ellos escojan los testimonios más desgarradores contra el Estado, las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas y presentar al Estado como violador sistemático de los derechos humanos.
El fiscal Ramiro González inició la investigación de la denuncia de que ONG caviares se asociaron para señalar el rumbo que debía seguir la CVR en el Perú, así como para conocer si el número de 69 mil víctimas en el Perú es el verdadero.
Recogió la manifestación del ex presidente de la Comisión de Defensa, Édgar Núñez.
Gonzáles Rodriguez profundiza datos sobre el presupuesto de la CVR y a qué se debió que la CVR diera su primera conferencia en Estados Unidos (EE UU) antes que en el Perú, entre otros datos.
Según Núñes, habría "falsedad genérica porque no hay una acreditación sistematizada de nombres de los que han muerto y desaparecido, sino una cifra proyectada matemáticamente, y el segundo delito sería asociación ilícita para delinquir porque desde un principio se manejó las cosas de manera irregular. En el 2001 se pagaba 600 dólares a un conserje", comentó.
Continuó señalando que hubo una organización para mentir y delinquir porque desde el 2001 la CVR pagó sueldos extraordinarios, financió muy bien las conferencias internacionales, tuvo escenarios de conferencias internacionales que no se realizaron en el país. "¿Qué objetivo tuvo mentirle al Perú? Simplemente tuvo fines de lucro", afirmó. "El Estado entregó unos 40 millones de soles para que sean administrados por la CVR a los que se sumaron partidas internacionales de 40 millones de dólares", precisó.
Cuando el fiscal le preguntó en qué momento la CVR tuvo un esquema que se orientaba a obedecer a algunas ONGs, contestó que estos organismos caviares hicieron la "plantilla del trabajo" a través de la cual subcontrataron los servicios de la ONG Aprodeh, de Francisco Soberón, para que ellos escojan los testimonios más desgarradores contra el Estado, las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas y presentar al Estado como violador sistemático de los derechos humanos.
Columna de Augusto Alvarez Rodrich
(...)
El pliego de reclamos castrense es amplio y variado, e incluye desde asuntos vinculados a la justicia militar, símbolos como el Museo de la Memoria, más dinero para las Fuerzas Armadas a través de un canon, y hasta una lucha abierta contra las ONG que parecería usarse para reemplazar los éxitos inexistentes en la lucha contra el narcoterrorismo en el VRAE.
El ministro Rafael Rey aprovechó el Día de las Fuerzas Armadas para plantear la creación de un fuero de justicia especial para los soldados que pelean en el VRAE. En su opinión, la falta de un marco normativo claro "no permite a los militares saber a qué atenerse cuando cumplen su deber", pero constitucionalistas sólidos como Francisco Eguiguren y Samuel Abad coinciden en que ya existe un fuero de justicia militar...
(...)
...el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Francisco Contreras, se despacha contra las ONG que, en su opinión, entorpecen a las instituciones castrenses.
(...)
La Comisión de Defensa Nacional del Congreso, que preside el congresista Luis Negreiros (PAP), aprobó ayer el dictamen de ley que propone un seguro de vida o compensación extraordinaria por un monto de 55 mil soles que se otorgará, por única vez, al personal militar y policial que pase a la situación de retiro por invalidez total como consecuencia de actos de servicio.
Mercedes Cabanillas, autora del proyecto, explicó que el monto de la referida compensación extraordinaria será reajustado teniendo como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que actualmente es de 3 mil 550 nuevos soles. "Esta compensación extraordinaria será equivalente a casi 15 UIT", dijo.
ESTA NOCHE (tomado de La República)
El Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFN), denunció ayer que el pasado 15 de setiembre la empresa minera Río Blanco (con la que tienen conflictos) costeó los alimentos de 150 policias que llegaron a la ciudad piurana de Huancabamba para resguardar una protesta del grupo.
Ese día se recordó dos años de la consulta vecinal en que la población rechazó el proyecto minero de la empresa Río Blanco Copper (ex Majaz) en el noreste de Piura.
El presidente de las comunidades campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión, sostuvo que la ONG Integrando, que trabaja en la zona, es financiada por la empresa Río Blanco y el Grupo Romero.
La República
Tras la consulta vecinal realizada en la provincia de Islay, donde la población votó en contra del proyecto minero Tía María, la empresa Southern Perú deberá hilar fino para responder al acuerdo que aprobó el Consejo Regional de Arequipa (GRA), mediante el cual se le pide que paralice temporalmente sus procedimientos ante el Ministerio de Energía y Minas.
ELECCIONES, ENCUESTAS, PSICOSOCIALES, MEDIOS DE COMUNICACION
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA, SISTEMA ELECTORAL, SISTEMA DE PARTIDOS, SISTEMA DE GOBIERNO, VACIO DE PODER, INTERFERENCIA DE PODERES, CLIENTELISMO, POPULISMO
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA, SISTEMA ELECTORAL, SISTEMA DE PARTIDOS, SISTEMA DE GOBIERNO, VACIO DE PODER, INTERFERENCIA DE PODERES, CLIENTELISMO, POPULISMO
Lima, set. 30 (ANDINA)- El sacerdote Marco Arana, líder del movimiento Tierra y Libertad, dijo hoy que su agrupación rechazó la propuesta del Partido Nacionalista para integrar una fórmula presidencial con Ollanta Humala, porque aspira a convertirse en "una opción propia" en los comicios del 2011.
"La opción del nacionalismo me ofreció ser parte de su plancha como vicepresidente. Ya ocurrió en abril y es algo que hoy por hoy los miembros de Tierra y Libertad hemos descartado", expresó.
Incluso, agregó que su agrupación ha desestimado cualquier tipo de alianza con grupos de vinculados a la vertiente socialista.
Resaltó que algunos militantes del Partido Nacionalista y la secretaria general del Partido Socialista, Suzel Paredes, renunciaron a esas agrupaciones para sumarse a su movimiento.
Propuso el establecimiento de distritos electorales étnicos para lograr que el Parlamento represente a la población.
Agencias, Expreso
París.- Los resultados de las elecciones legislativas del domingo pasado en Alemania, donde los socialistas sufrieron su peor derrota, y en Portugal, donde perdieron la mayoría absoluta en el Parlamento, ilustra su retroceso en Europa.
Un escenario que podría repetirse en España en las legislativas del 2012.
"Hay una tendencia global al retroceso de la socialdemocracia desde hace 20 años", constató el politólogo francés Philippe Braud. "En una época en la cual se imponen la globalización y la economía de mercado, la derecha parece, paradójicamente, dar más seguridad".
"Una Europa sin izquierda" era el título de portada del diario italiano La Stampa, al presentar la histórica derrota del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD).
La izquierda estará "ausente de los gobiernos de los dos más grandes países del continente, Francia y Alemania" y "pronto lo estará en Reino Unido", advertía ayer el diario español El País.
En Reino Unido, los laboristas británicos, que están siendo criticados por su gestión de la crisis, están a punto de perder el poder tras 14 años.
Lima, set. 30 (ANDINA).- La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Martha Hildebrandt, opinó hoy que se debería modificar la Constitución a fin de incorporar requisitos como los estudios superiores para postular al Parlamento y de esta manera tener una mejor representación en ese poder del Estado.
"(Los candidatos al Congreso deben) tener cierta preparación como haber terminado la educación secundaria o contar con una carrera profesional y no tener antecedentes policiales."
Demandó también a los partidos políticos "limpiar" sus listas de aspirantes al Congreso y no incluir a aquellos que "pagan" para acceder a ellas; si no, existe la posibilidad de que en el próximo Congreso también accedan algunas personas sin preparación y con antecedentes penales.
Hildebrandt dijo, asimismo, que percibe una especie de campaña de demolición contra el Congreso y el Estado, tras las recientes denuncias que involucran a algunos parlamentarios con inconductas y hechos delictuosos.
Lima, set. 30 (ANDINA)- La presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Mercedes Cabanillas, anunció hoy que habrá una nueva evaluación del caso de la legisladora Rocío González, sentenciada por hurto agravado en 2006, porque el Poder Judicial resolvió declarar su rehabilitación.
Según dijo, su grupo de trabajo recibió un primer oficio del Consejo de Directivo del Congreso para que la Comisión de Constitución se pronuncie sobre el particular.
Un nuevo documento del Poder Judicial de Arequipa da cuenta de la rehabilitación de la legisladora, por haber cumplido su sentencia.
Cabanillas estuvo a favor de modificaciones al marco legal y a la Carta Magna para mejorar la calidad de los postulantes al Congreso. Ello incluye –añadió- un mayor estudio de los antecedentes profesionales, académicos, penales y jurídicos de los precandidatos.
POLITICA EXTERIOR, PERU, CHILE, COLOMBIA, BOLIVIA, ECUADOR, VENEZUELA, ARGENTINA, BRASIL, EEUU, EUROPA, ASIA, RELACIONES INTERNACIONALES
INTEGRACION, DESINTEGRACION, GLOBALIZACION, ANTIGLOBALIZACION
INTEGRACION, DESINTEGRACION, GLOBALIZACION, ANTIGLOBALIZACION
Bogotá, set. 30 (ANDINA).- El ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, dijo hoy que Colombia restringirá la venta de electricidad a Ecuador y Venezuela en momentos en que el país comienza a padecer dificultades por reducción del agua en las centrales hidroeléctricas. Martínez, que este martes había anunciado la disminución de la venta de gas a Venezuela, por la misma razón, dijo que en el caso de la energía eléctrica las restricciones serán graduales.
Colombia exporta a Ecuador 100,2 megavatios por hora, y a Venezuela envía 120 megavatios por hora.
Llos embalses hidroeléctricos están en un promedio de 67,8 por ciento por la sequía ocasionada por "El Niño" constante en varias semanas.
Según Martínez, el objetivo del gobierno es impedir que el nivel de las centrales hidroeléctricas siga disminuyendo para no correr el riesgo de un racionamiento eléctrico.
La República
Roberto Micheletti, tras recibir en su despacho al presidente del Congreso, José Ángel Saavedra, declaró: "he escuchado al Congreso Nacional y estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de buscar el diálogo. Acepto el consejo, la orientación, la petición que ellos me están haciendo".
A renglón seguido se comprometió a someter su decisión a todos los poderes del Estado: "Respetuosamente, voy a consultar con la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral", añadió.
ECONOMIA GLOBAL, POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA, FISCAL, LABORAL, PRIVATIZACIONES, REESTATIZACIONES, SUBSIDIOS
Expreso
A pesar de que se les dio un plazo a los gobiernos regionales, que vencía en setiembre para gastar el presupuesto de 2008 -en 1,077 proyectos de inversión que ascienden a S/. 395 millones-, éstos sólo han ejecutado el 29%, reveló el director nacional de Presupuesto Público, Juan Muñoz.
La Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó ayer ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre.
Hay regiones que, aunque no han cumplido, han tenido un avance superior al 50% como Puno (71%), Tumbes (62%), San Martín (61%), Lima (54%) y Huánuco (53%).
Los ministerios que tienen en cartera 1,456 proyectos por S/. 1,056 millones, sólo han avanzado en un 36%.
Muñoz explicó que sumando el número de proyectos a cargo de ministerios y regiones totalizan 2,533 a nivel nacional, y sólo se ha registrado un avance de 34%. "En términos de valores sólo se han ejecutado S/. 490 millones de un total de S/. 1,452 millones", dijo.
A pesar de que se les dio un plazo a los gobiernos regionales, que vencía en setiembre para gastar el presupuesto de 2008 -en 1,077 proyectos de inversión que ascienden a S/. 395 millones-, éstos sólo han ejecutado el 29%, reveló el director nacional de Presupuesto Público, Juan Muñoz.
La Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó ayer ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre.
Hay regiones que, aunque no han cumplido, han tenido un avance superior al 50% como Puno (71%), Tumbes (62%), San Martín (61%), Lima (54%) y Huánuco (53%).
Los ministerios que tienen en cartera 1,456 proyectos por S/. 1,056 millones, sólo han avanzado en un 36%.
Muñoz explicó que sumando el número de proyectos a cargo de ministerios y regiones totalizan 2,533 a nivel nacional, y sólo se ha registrado un avance de 34%. "En términos de valores sólo se han ejecutado S/. 490 millones de un total de S/. 1,452 millones", dijo.
Columna de Fritz Du Bois
Mientras que otros países recién están tratando de salir de lo que ha sido la peor recesión en 30 años, aquí tenemos la oportunidad de pasar la crisis sin habernos dado cuenta siquiera de que estaba. La mayoría de sectores de la producción, con la excepción del textil, así como el grueso de los consumidores, no han sentido un impacto recesivo significativo. Incluso, la rápida disminución de la inflación ha hecho que no se note la falta de aumento en los ingresos de la población.
(...)
La creación de un fondo de US$600 millones para invertir en infraestructura puede acelerar la toma de decisiones en muchos proyectos de inversión. Considerando que luego de Fiestas Patrias entraremos a un periodo electoral de tres rondas que pueden paralizar al país durante un año, la velocidad en la actualidad es fundamental. Si se aprieta el acelerador y se logra que empiece el mayor número de proyectos para esa fecha, entonces el bache electoral en la inversión podría ser menor o, incluso, al igual que la crisis, pasar sin ser notado.
Por otro lado, el que se haya logrado suficientes compromisos privados para el fondo de infraestructura implica que no se requiere del aporte del Tesoro Público que se había ofrecido en caso sea necesario, lo cual permite esperar que el manejo del fondo sea dinámico. Si el Estado participa, aunque sea con un 1%, automáticamente contamina todo a su paso con burocracia.
(...)
Ayer, en el Congreso, se instaló el denominado G-68, grupo conformado por 68 expertos liderados por Felipe Ortiz de Zevallos convocado por la Comisión de monitoreo de la crisis financiera, presidida por Jorge del Castillo.
Su primer reporte será en 10 días. Una de las primeras advertencias del G-68 es que la estabilidad macroeconómica es frágil, aseveró el economista Raúl Salazar. "Nada asegura que esta estabilidad macroeconómica sea permanente", indicó.
Ortiz de Zevallos precisó que la crisis financiera ya pasó en el Perú.
La República
El presidente Alan García tomó juramento a Juan Sarmiento Soto, quien se convierte en el quinto titular de Vivienda en este gobierno.
Sarmiento es un militante del partido de la estrella cercano al grupo de "los cuarentones". Sarmiento, viceministro de Vivienda desde el año pasado, juró al cargo "por (Víctor Raúl) Haya de la Torre, por (Luis) "Cachito" Bedoya, y por los más pobres del Perú". Bedoya Vélez fue un respetado ex ministro de Vivienda del primer gobierno aprista, que falleció en mayo del 2007.
El ex ministro de Vivienda Carlos Bruce dijo que Sarmiento conoce el sector.
No hay comentarios:
Publicar un comentario