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MEDIA COLUMNAEl Comercio le baja el dedo
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Jorge MorelliEl Tribunal Constitucional tiembla. El Comercio le bajó el dedo.
En efecto, dice el diario que la ley –la ley orgánica del TC, en este caso- debe adecuarse a la Constitución.
Precisa que al TC sólo le corresponde la acción de inconstitucionalidad, “a lo que debe adecuarse la ley correspondiente”, añade.
No le ha quedado al diario otro camino que reconocer –a regañadientes- que la atribución de “supremo intérprete” que el TC se arrogara no tiene asidero en la Constitución y es jurídicamente indefendible.
En un súbito reblandecimiento de último minuto, el editorial del diario pretende dejar abierta la ventana. Añade que lo “menos perturbador” sería que el TC se “autolimite”. Qué risa. Lo dice con tan poca convicción que ni el propio diario se lo cree.
El TC ha perdido. Ya ni El Comercio se atreve a defenderlo. Se estarán preguntando los magistrados dónde están sus defensores. Como dice el valse de Pinglo.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente por GPF Prensa. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ELECCIONES, ENCUESTAS, PSICOSOCIALES, MEDIOS DE COMUNICACION
La Razón
Según la encuesta de Datum de marzo en Lima, el 34% votaría por Alex Kouri y el 32% por Lourdes Flores.
Acerca de los atributos evaluados, la mayoría cree que Kouri ejecutaría más obra (48% frente a 32%), es mejor para enfrentar la inseguridad (46% frente a 32%), está más capacitado para administrar (43% frente a 38%) y defendería los intereses de los más débiles (34% frente a 33%).
Entre los problemas, se encuentran la inseguridad (54%), las pandillas (42%), el transporte (40%), la limpieza pública (17%). El 44% considera que Kouri solucionará con mayor prontitud los problemas; 36% cree que será Flores Nano.
La Razón
En la encuesta Datum de marzo en Lima, Luis Castañeda alcanza el 32%, seguido de Keiko Fujimori con 25%, Alejandro Toledo (10%), Ollanta Humala (10%), Jaime Bayly (4%) y Pedro Pablo Kuczynski (4%).
La República
En opinión del director de Datum, Manuel Torrado, la ventaja de Castañeda Lossio sobre sus competidores se explica porque es en Lima donde se encuentra su bolsón electoral. “Creo que su siguiente paso será intentar consolidarse en el norte”, dijo.
ExpresoColumna de César Campos(…)…el reflector vuelve a caer sobre los pasos de Flores Nano y motiva preguntarse cuántas lecciones verdaderas de la política aprendió esta mujer, sin duda decente e inteligente –para quienes la conocemos más tiempo de la mitad de nuestra vida– pero sensible a los abrazos de osos apestosos (caso Alejandro Toledo) y al canto de sirena de las encuestas prematuras, que podrían llevarla a mantener como programa lo que simplemente debe ser una estrategia del día.
El terreno municipal capitalino –lo escribimos antes y lo avisamos desde ahora– no habrá de dilucidarse en el pugilato “decencia” versus “corrupción”, por mucho entusiasmo que le pongan los o las “Glorisa” de la fecha. Lourdes tiene que empezar a exhibir otras cualidades.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA, CLIENTELISMO, POPULISMO, SISTEMA ELECTORAL, SISTEMA DE PARTIDOS, SISTEMA DE GOBIERNO, VACIO DE PODER, INTERFERENCIA DE PODERES, REFORMA DE LA JUSTICIA, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La República
Será la bancada del Apra y no el Poder Ejecutivo quien presente el proyecto de ley para delimitar las funciones del Tribunal Constitucional, señaló el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén.
“He expresado esa posición (de que el Ejecutivo hará una propuesta) en el tránsito de la designación del nuevo jefe del Ministerio de Justicia”, señaló.
El congresista Luis Falla La Madrid consideró que debe modificarse la Ley Orgánica del TC. El parlamentario Luis Gonzales Posada no descartó que la bancada aprista presente acusación constitucional contra los magistrados del TC.
“He expresado esa posición (de que el Ejecutivo hará una propuesta) en el tránsito de la designación del nuevo jefe del Ministerio de Justicia”, señaló.
El congresista Luis Falla La Madrid consideró que debe modificarse la Ley Orgánica del TC. El parlamentario Luis Gonzales Posada no descartó que la bancada aprista presente acusación constitucional contra los magistrados del TC.
El ComercioEditorial(…)…se anunció un proyecto de reforma constitucional para limitar las funciones del TC, que hubiera sido peligroso para la institucionalidad democrática. Retirada esta propuesta, el nuevo ministro de Justicia (y ex miembro del TC), Víctor García Toma, a nombre del Ejecutivo... ha propuesto un debate objetivo y desapasionado al interior del Congreso, ya no para reformar el TC, sino para precisar sus atribuciones.(…)Entonces, la hoja de ruta debe darla la misma Carta de 1993, que precisa que corresponde al TC, primariamente, “conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad”, a lo que debe adecuarse la ley correspondiente…(…)Sin embargo, como señalan los expertos, las leyes solo se deben modificar cuando sea estrictamente indispensable. Lo más pertinente y menos perturbador sería que el propio TC se autolimite…
La RazónArtículo de Javier Valle-RiestraUn presidente del Tribunal Constitucional anunció hace años un úkase que sorprendió al foro: “De acuerdo a la doctrina moderna e inspirada en ejecutorias de los tribunales de Alemania, Italia y España, entre otros, la concepción kelseniana del Tribunal Constitucional está ampliada y superada. Ya no es más sólo un legislador negativo. El Tribunal, en efecto, puede dictar diversos tipos de sentencia que, en la teoría del derecho constitucional, se conocen como aditivas, creativas, innovativas, manipulativas e interpretativas. Mediante tales sentencias se complementa, dinamiza, adecua y compatibiliza las leyes a la Constitución...”El TC decidió motu proprio evolucionar de productor negativo de normas, de derogador de normas inconstitucionales a productor positivo de normas, es decir, legislador. Se autoconstituyó en Segunda Cámara, misión que no tiene explícita ni implícitamente asignada ninguna jurisdicción constitucional en el mundo.(…)El TC peruano se arroga atribuciones supuestamente implícitas en la magna lex. La suprema ley del país ya no es la constitución escrita, sino un arquetipo platónico colocado en el cielo, de cuya naturaleza esencial la Constitución es solamente una reproducción y el TC y sus magistrados los médiums. La astronomía y la astrología se han vuelto fuentes de Derecho.(…)Mi idea inicial del TGC, como miembro aprista de la Asamblea Constituyente 1978-79, era radicalmente distinta a lo que hoy día existe. En primer lugar el Tribunal tenía doce miembros (representantes del Senado, Diputados, Poder Judicial, Colegios de Abogados, Federación de Abogados, Facultades de Derecho, etc.). Es decir que no era el cenáculo oligárquico de estos días, expresión de un reparto equitativo de las sinecuras por mayoría y minoría en el Parlamento.El TGC español de la Carta de 1931 tenía más de veinte miembros. Mi proyecto fue castrado por la ignorancia de los presuntos juristas de la Asamblea. Se proponía la declaración de inconstitucionalidad de las normas con fuerza de ley; declarar la inconstitucionalidad de resoluciones de la Corte Suprema definitivas; conocer en apelación las acciones de Hábeas Corpus y Amparo; conocer en apelación las resoluciones que expida el Consejo Nacional de la Magistratura imponiendo destitución a jueces y fiscales; resolver conflictos de competencia; conocer de los juicios criminales contra el Presidente y demás personajes aforados, como lo era el TGC español de la Carta de 1931; dictaminar sobre consultas apriorísticas que se le formulen sobre la constitucionalidad de proyectos y de Tratados Internacionales.Mi propuesta habilitaba al TGC “para resolver en cuarenta y ocho horas en vía de apelación la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que anula un proceso electoral”. Esta moción fue aprobada sin mayor debate (tomo III, pág. 395). Sin embargo, en la sesión 25a. del 6 de marzo del 79, el asunto suscitó gran controversia, Ortiz de Zevallos y Alayza cuestionaron el artículo al considerarlo atentatorio contra la naturaleza del Jurado y de sus decisiones.En cambio, Cornejo Chávez y yo, lo justificamos, señalando que si los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial quedaban sujetos al TGC, nada impedía que el JNE estuviera en igual situación; además que con ello se garantizaba la revisión y la instancia plural en las decisiones de anulación del proceso electoral nacional. Finalmente, ante propuesta de Ramírez del Villar y mi oposición, se aprobó su supresión (tomo VII, págs. 576).O sea que el espíritu de los constituyentes de la ley de leyes ultralegítima de Perú (1979) fue contrario a que el TC interviniera en contenciosos electorales. Reconozco retrospectivamente que fue una decisión sapientísima.(…)Dentro de un inventario sumario de sus claudicaciones antidemocráticas debemos mencionar algunas de antaño, en muchas de las cuales intervine como letrado: A) dos veces rechazó demandas que pedían inconstitucionalizar la Carta apócrifa de 1993, a la que ungió como legítima; B) ha rechazado sistemáticamente hábeas corpus y amparos en que se luchaba por el debido proceso conculcado por el fuero anticorrupción; allí están los casos Bertini, Bedoya, Chacón, Yanqui, Bozzo, etc.; C) ha consagrado la retroactividad maligna en perjuicio del reo en casos de leyes penitenciarias ex post facto violando precedentes de la CIDH (Villanueva y otros); D) ha considerado legítimo no computar el arresto domiciliario como pena dejando ese plazo como límbico y sin admitir que no existen zonas intermedias entre la libertad y la detención (Pilar de Villanueva); E) ha inconstitucionalizado una ley derogada para facilitar el re-encarcelamiento de personas; F) en el caso de la demanda del Colegio Químico Farmacéutico contra la eficiente Bolsa de Productos (Exp. 020-2003-AI/TC) resolvió la eliminación de esta entidad sin citarla, inaudita pars; G) en el caso del nefasto Fujimori, haciéndole paradójicamente el juego, declaró infundado un amparo caduco, extemporáneo y desistido por quien lo interpuso sin legitimación, sin citar al prófugo para su autodefensa y ratificando su inhabilitación parlamentaria; H) en el caso de los vecinos de la urbanización Chacaritas y Asentamientos Humanos del Callao contra la instalación de un depósito de productos químicos tóxicos, que está injerto dentro de las calles del barrio con el riesgo de producir una nube ácida destructora de la vida y daños a la ecología y medio ambiente (Exp. 1752-2004-AA/TC) declaró, en noviembre de 2004, improcedente el amparo; I) en el caso de militares pasados al retiro sin audiencia en virtud de normas no publicadas, conculcó los derechos, entre otros, de un gran soldado, héroe del Cenepa y de Chavín de Huántar, Luis Rubén Alatrista (Exp. 1906-2002-AA/TC), causándose un grave daño a nuestras menguadas Fuerzas Armadas.(…)Todo es silencio en medio de bulla.
PERSECUCION, CORRUPCION, ANTICORRUPCION
Expreso
El creciente escándalo en torno a las acciones de interceptación telefónica que habrían realizado miembros de la Unidad de Ética del Poder Judicial a las altas autoridades de este órgano del Estado, así como a otros ciudadanos comunes y periodistas (según lo informa IDL-Reporteros), pretende ser minimizado por la sorpresiva “revelación” de la pérdida de correos electrónicos y archivos de audio, nada menos que del despacho de la jueza a cargo del caso Business Track (BTR).
Esta noticia ha devuelto la puntería sobre el titular del PJ, Javier Villa Stein, y los integrantes de su administración, a quienes diversos congresistas piden explicaciones. Pero los que bien podrían estar riendo a mandíbula batiente por tremenda cortina de humo son los ex funcionarios de la Unidad de Ética Luis Gómez-Cornejo Rotalde, Luis Suárez Berenguela y Horacio Benavides Gamarra, seguros de haber alejado la lupa sobre sus oscuras acciones. Sin embargo, EXPRESO ha recopilado una información espeluznante sobre estos ciudadanos.
El 1 de junio de 2006, el diario Correo de Lima nos coloca sobre una pista provechosa. Gómez-Cornejo –entonces funcionario de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)– es sindicado como el personaje que entregó a Carlos Tapia, vocero del Partido Nacionalista, supuestos e-mails mediante los cuales se comprobarían los nexos entre el APRA y el montesinismo.
Suárez Berenguela, por su parte, fue empleado administrativo del Consejo nacional de Inteligencia, donde conoció a Gómez-Cornejo.
El 1 de junio de 2006, el diario Correo de Lima nos coloca sobre una pista provechosa. Gómez-Cornejo –entonces funcionario de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)– es sindicado como el personaje que entregó a Carlos Tapia, vocero del Partido Nacionalista, supuestos e-mails mediante los cuales se comprobarían los nexos entre el APRA y el montesinismo.
Suárez Berenguela, por su parte, fue empleado administrativo del Consejo nacional de Inteligencia, donde conoció a Gómez-Cornejo.
Benavides Gamarra es mayor (r) del Ejército Peruano y se le reputa muy cercano a Vladimiro Montesinos. También trabajó en el CNI junto a Gómez-Cornejo y Suárez Berenguela.
Durante el gobierno de Toledo, estos “angelitos” tuvieron la protección nada menos que del secretario de Prensa de la Presidencia, Guillermo Gonzales Arica.
Según Correo, el entonces Secretario de Prensa de Palacio también contrató los servicios de Gómez-Cornejo para hacer una investigación paralela al CNI sobre la grabación de un diálogo privado de Toledo.
Según IDL-Reporteros, en una accidentada sesión de la Unidad de Ética con el presidente y otros altos funcionarios del PJ realizada el 18 de febrero último, Gómez-Cornejo quiso mostrar unas láminas en power point sobre un reporte presuntamente originado en la base de datos, “sobre supuestas conversaciones telefónicas tanto del gerente general Hugo Suero, como del actual jefe del Gabinete de Asesores, Carlos Eslava, con el entonces ministro de Justicia Aurelio Pastor, el congresista Rolando Sousa y la Secretaría de Palacio de Gobierno”.
Según IDL-Reporteros, en una accidentada sesión de la Unidad de Ética con el presidente y otros altos funcionarios del PJ realizada el 18 de febrero último, Gómez-Cornejo quiso mostrar unas láminas en power point sobre un reporte presuntamente originado en la base de datos, “sobre supuestas conversaciones telefónicas tanto del gerente general Hugo Suero, como del actual jefe del Gabinete de Asesores, Carlos Eslava, con el entonces ministro de Justicia Aurelio Pastor, el congresista Rolando Sousa y la Secretaría de Palacio de Gobierno”.
“De Eslava –continúa IDL-reporteros– se reportaban conversaciones con EXPRESO, El Comercio y La República”. Añade que Suárez habría pedido no continuar con esa exposición y luego entre los implicados explicarían esta decisión en el hecho de que las supuestas pruebas “eran fabricadas”.
La Razón
Mediante un comunicado, el Poder Judicial informó que el material incautado por el caso conocido como BTR se encuentra intacto en la bóveda del Palacio Nacional de Justicia. Negó que algunos audios u otros bienes hayan sido robados.
Precisa que desde la incautación de los bienes a la procesada Giselle Gianotti el 8 de enero del 2009 por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, éstos se mantuvieron bajo la custodia de la Fiscalía correspondiente.
El día 13 de febrero del 2009, agrega, la jueza Martínez solicita la entrega de los bienes incautados, los que fueron entregados y lacrados el 24 de febrero del 2009 por el fiscal Walter Milla López.
Añade que todo el material incautado a los procesados fue depositado así lacrado, inicialmente en la bóveda del edificio Anselmo Barreto y posteriormente en la bóveda del Palacio Nacional de Justicia el 03 de abril del 2009, con la presencia de la Odicma y de medios de prensa.
Asimismo, afirma que en el Juzgado existen siete cámaras de video que registran las ocurrencias las 24 horas del día todos los días.
En ese sentido, asegura dicho comunicado, puede verificarse que el 4 de mayo del 2009 durante las 24 horas de ese día, nadie ha ingresado al Juzgado y menos a su bóveda.
“Ante la información periodística (...), el 34° Juzgado Penal, que despacha la jueza doctora María Martínez Gutiérrez ha dispuesto se remita copias certificadas de las piezas procesales correspondientes a la OCMA, al Órgano de Control de la Fiscalía y a la Inspectoría General de la PNP, es decir, a todas las instituciones que han tenido que ver con la custodia de los bienes incautados; y también a la Mesa de Partes Única de las Fiscalías Provinciales Penales de Lima para que actúen de acuerdo a sus atribuciones legales”, afirman.
ESTA NOCHE (tomado de La República)
El Poder Judicial pretende negarlo, pero en dos actas e informes obtenidos con el programa Encase Forensic, que forman parte del expediente del caso Business Track, se registra que la madrugada del 4 de mayo del 2009 “alguien” borró 592 archivos en dos USB de Giselle Giannotti.
La información ha sido confirmada por el Ministerio Público. El fiscal especial Walter Milla se disponía ayer a dar una conferencia de prensa sobre este caso cuando, desde el despacho de la jueza María Martínez, le advirtieron que si hablaba podía ser denunciado y destituido. Tuvo que guardar silencio.
El PJ dijo ayer que las 7 cámaras de video que rodean el despacho de Martínez y los cuadernos de registro de seguridad de Palacio de Justicia no registran ingresos no autorizados al despacho de la jueza Martínez, el 4 de mayo del 2009. Eso no desmiente el borrado o, en todo caso, hace suponer que los USB fueron sustraídos del despacho de la jueza y borrados en otro lugar, o que los borró la misma magistrada.
En el tomo 12 del expediente del caso BTR Nº 527-2009 se halla un acta de indexación y copiado de evidencia forense de las muestras MGG95 y MGG96 y un reporte del mencionado programa Encase Forensic, de fecha 13 de mayo del 2003. Estos dos documentos registran que las citadas muestras tienen fecha de creación, modificación y último acceso el 4 de mayo del 2009.
La información ha sido confirmada por el Ministerio Público. El fiscal especial Walter Milla se disponía ayer a dar una conferencia de prensa sobre este caso cuando, desde el despacho de la jueza María Martínez, le advirtieron que si hablaba podía ser denunciado y destituido. Tuvo que guardar silencio.
El PJ dijo ayer que las 7 cámaras de video que rodean el despacho de Martínez y los cuadernos de registro de seguridad de Palacio de Justicia no registran ingresos no autorizados al despacho de la jueza Martínez, el 4 de mayo del 2009. Eso no desmiente el borrado o, en todo caso, hace suponer que los USB fueron sustraídos del despacho de la jueza y borrados en otro lugar, o que los borró la misma magistrada.
En el tomo 12 del expediente del caso BTR Nº 527-2009 se halla un acta de indexación y copiado de evidencia forense de las muestras MGG95 y MGG96 y un reporte del mencionado programa Encase Forensic, de fecha 13 de mayo del 2003. Estos dos documentos registran que las citadas muestras tienen fecha de creación, modificación y último acceso el 4 de mayo del 2009.
ESTA NOCHE (tomado de El Comercio)
El comunicado del Poder Judicial, difundido ayer, en el que se asegura que “nunca se ha producido robo de audios, asaltos, ni sustracción o pérdida de alguno de los bienes incautados [a Giselle Gianotti]” no ha conseguido amainar el nuevo escándalo surgido en el Caso BTR de espionaje telefónico por la misteriosa desaparición de 592 archivos de dos de los USB de la citada procesada.
El comunicado no aclara lo más grave de la denuncia: el hecho de que el material incautado fue manipulado en la madrugada del 4 de mayo del 2009 con el objetivo de borrar esos 592 archivos que serían claves para la investigación judicial contra los presuntos “chuponeadores”.
Según una fuente de la fiscalía, es posible que ese día ningún extraño haya ingresado subrepticiamente al despacho para borrar los archivos, pero eso no quita la posibilidad de que alguien sacara los USB con anterioridad, que borrara los audios y correos fuera del Palacio de Justicia y que devolviera los USB alterados a la bóveda.
La manipulación de los USB, según fuentes del Ministerio Público, recién se conoció la semana pasada, después de que el fiscal Walter Milla, de la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado, se diera cuenta de que las copias de los contenidos de los USB de la procesada Giannotti que los peritos revisaban no coincidían con lo que estaba registrado en el archivo de la fiscalía.
En efecto, de acuerdo con las actas firmada el 12 de enero de 2009 por la misma Giannotti y sus abogados, se verificó que el USB denominado MGG95 contenía 594 archivos y que la fecha del último acceso había sido el 22 de diciembre del 2008. Igual pasó con el USB MGG96: según las actas, contenía 475 archivos y su último acceso fue el 17 de octubre del 2008. Esos archivos que estaban en manos de la fiscalía fueron entregados a la jueza Martínez con todo el resto de material incautado a los “chuponeadores” en febrero del 2009.
Esos dos USB fueron revisados el 5 y 8 de marzo de este año y se detectó que el último acceso a ellos había sido el 4 de mayo del 2009 y que el USB MGG95 solo tenía 296 archivos y el USB MGG apenas 181.
Fuentes de la fiscalía indican que se desconoce cuál era el contenido de los archivos borrados y a quiénes pertenecían. Confían en que con el sofisticado software Encase se puedan recuperar.
La Primera
El congresista Daniel Abugattás dijo que, de ser cierto que han sido borrados 592 archivos de dos USB incautados a Giselle Giannotti, ello beneficiará al ex premier Jorge del Castillo, quien tuvo que dejar el gabinete luego que estalló el escándalo petroaudios.
A su vez, Del Castillo refirió que lo que interesa en este caso es dar con quienes ordenaron y financiaron las operaciones de escucha. “Aquí la información clave es quién financió el chuponeo, eso es lo que están ocultando”, subrayó.
El Comercio
MADRID. El juez Baltasar Garzón se sentará en el banquillo de los acusados. Ayer la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) rechazó el recurso de apelación del magistrado contra la negativa del instructor del TS Luciano Varela a archivar el procedimiento por presunto delito de prevaricación al intentar perseguir delitos del franquismo.
El caso se remonta al 2008, cuando Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo. La fiscalía se opuso al proceso porque cuando se cometieron las desapariciones no estaba vigente el delito de lesa humanidad y porque en 1977 todos los crímenes de la dictadura fueron amnistiados.
Además, Garzón declarará el próximo 15 de abril en el Tribunal Supremo por prevaricación y cohecho por haber recibido del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, 300 mil dólares para organizar cursos en la Universidad de Nueva York.
El juez cobró notoriedad internacional al procesar en 1998 al ex dictador chileno Augusto Pinochet. También quiso investigar las denuncias de tortura en Guantánamo.
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